En Colombia, el CITpax procura facilitar el acercamiento de las distintas partes y de los diversos sectores en todos aquellos aspectos relacionados con la confrontación interna, y promueve el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos nacionales relevantes para la paz y la justicia. 

Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el CITpax estableció a finales de 2007 una oficina en Bogotá, con tres áreas de trabajo y un equipo compuesto por diez personas. En el marco de sus funciones, cada área ha desarrollado una serie de herramientas de acompañamiento a los procesos de DDR, los procesos judiciales y las medidas y políticas públicas adelantadas en el marco de este proceso. El Observatorio elabora informes periódicos que además de un diagnóstico de los avances y obstáculos en el proceso, permiten formular recomendaciones tanto de carácter técnico como de orientación política, con el propósito de promover el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y de justicia transicional. 
 

El área de DDR da seguimiento a los procesos de diseño e implementación de la política por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales, así como a la articulación interinstitucional y el grado de participación de otros actores en la definición de las políticas. Busca aportar una mirada integral sobre el impacto social del proceso de reintegración, y determinar en qué medida se dan o no las condiciones para la sostenibilidad del proceso y como elemento central de la reconciliación. El análisis se desarrolla progresivamente, por regiones, a partir de la identificación de los municipios donde se concentra el mayor número de desmovilizados. El seguimiento de los factores determinantes en el proceso de reintegración del excombatiente a la sociedad, y del impacto de los beneficios bio-psicosociales del programa de la Alta Consejería para la Reintegración, así como la observación a los episodios de rearme y el análisis de percepción de las comunidades de acogida, son sistematizados y  apoyados con la elaboración de mapas de geo-referenciación que permiten comparaciones regionales. Además de un trabajo en estrecha colaboración con las entidades involucradas, se llevan a cabo misiones al terreno para estudiar la dinámica y contexto particulares de cada una de las regiones que se van incorporando, paulatinamente, al estudio.

El área de Justicia realiza un seguimiento cualitativo de los procesos judiciales con el propósito de identificar y sugerir buenas prácticas para fortalecer la conformidad con estándares internacionales. Igualmente, trabaja en la sistematización de las aportaciones de dichos procesos al debate global sobre justicia transicional que puedan ser útiles en otros contextos. Tras elaborar un mapa interactivo sobre el proceso de Justicia y Paz con los estándares internacionales aplicables, y trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el equipo asiste a las “versiones libres” (diligencias de confesión) y las demás diligencias del proceso que están llevando a cabo los “postulados” (procesados) en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Finalmente, elabora una base de datos de jurisprudencia y documentos especializados, y convoca talleres de trabajo sobre temas controvertidos de derecho penal nacional e internacional, derechos humanos y justicia transicional.

El área de Políticas Públicas da seguimiento a la normativa y las decisiones y acciones gubernamentales relacionadas con el proceso de Justicia y Paz, así como a sus efectos sobre los diferentes actores y colectivos implicados. Tras elaborar una matriz con cerca de novecientos indicadores de seguimiento y diseñar la base de datos, recabará periódicamente los datos aportados por diversas fuentes institucionales y no institucionales para la elaboración de informes analíticos y mapas de geo-referenciación. Adicionalmente, el área elaborar periódicamente informes especializados de política  sobre cuestiones relacionadas con el proceso de justicia y paz como el despojo y la asignación de tierras, los mecanismos de protección de víctimas y testigos, las extradiciones, la “parapolitica”, situación de grupos vulnerables y políticas en materia de verdad y reparación individual y colectiva.

Para la obtención de información, el Observatorio ha firmado convenios de colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, y promueve la realización de acuerdos marco de colaboración y cooperación que le permitan contar con la participación de un amplio número de instituciones, así como de organizaciones internacionales y de la sociedad civil implicadas en el proceso, de tal manera que sea posible contar con información precisa y contrastada.

 

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